La
Ley 1682 del 2013 proporciona herramientas para superar los principales problemas
que afectan la agilidad y viabilidad de los proyectos de infraestructura de
transporte.
Los
principales aportes de la ley son:
1.
Mayores exigencias de planeación de los proyectos desde su etapa de
estructuración, para identificar oportunamente obstáculos en el área de influencia
de las obras, en aspectos como redes de servicios, patrimonio arqueológico,
estado de los predios, presencia de comunidades étnicas y exigencias de
licencia ambiental.
2.
Coordinación más efectiva entre la Nación y las entidades territoriales en la
construcción de vías de la red secundaria o terciaria, para lo cual se
suscribirán convenios de colaboración.
3.
Precisión de asuntos contractuales para reducir litigios y costos de
transacción de los proyectos.
4.
Eliminación de obstáculos prediales, ambientales, de redes y de permisos
mineros. En asuntos prediales, se hace más efectiva la adquisición de inmuebles
por parte del Estado.
5.
Desarrollo institucional del sector de infraestructura de transporte mediante
facultades para crear la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte,
y la Unidad de Planeación del Sector Transporte. El Gobierno deberá crear una
ventanilla única para todos los trámites y permisos relacionados con la
estructuración y desarrollo de proyectos.
El
Ministerio de Transporte estima efectos favorables de la Ley 1682. Por ejemplo,
en gestión y adquisición predial, en los que los trámites suelen tomar cerca de
4 años incluyendo la expropiación, los mismos podrían reducirse entre 6 y 8
meses en la etapa de identificación de predios y avalúos, en 4 meses en la
enajenación voluntaria y un periodo igual en expropiación administrativa.
Así
mismo, La efectividad de la ley dependerá también de la capacidad de respuesta
y de coordinación entre funcionarios del área de infraestructura y otros
sectores, como, minero, ambiental, financiero, catastral, judicial y
territorial.
Fuente: Portafolio.com
