La asociación Nacional de
Instituciones Financieras, ANIF, ha venido hablando sobre la importancia de
sustituir activos públicos (en su mayoría energéticos) por activos de infraestructura
con el propósito de mejorar la competitividad del sector privado mediante la
dotación de bienes públicos de infraestructura que el sector privado no está en
capacidad de proveer. Se trata de sustituir “activos energéticos” por “activos
de infraestructura pública” con el fin de propulsar la productividad del país. El
gobierno ha presentado recientemente su plan de enajenaciones al Congreso por
valor de unos $83 billones (equivalentes al 11,8% del PIB de 2013). Sin
embargo, es bien sabido que ello es una simple “lista” de todas las propiedades
públicas susceptibles de privatizarse.
Principales prospectos de privatización
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| Fuente: Diario del Huila |
En los próximos cuatro años tan solo se lograría enajenar la mitad de dicho potencial de recursos, entonces se contaría con un 2,6% del PIB. Esta cifra es significativa a la hora de ayudar a bajar la presión fiscal que hoy ejercen los gastos en salud, pensiones, educación y el propio rubro militar en Colombia.
La urgencia de esta
estrategia tiene una motivación adicional referente al obstáculo que hoy
representan las restricciones presupuestales impuestas por la Regla Fiscal (Ley
1473 de 2011). Dicha Regla fue aprobada sin incluir “cláusulas de oro” que
permitieran acomodar presupuestalmente los recursos necesarios para realizar
dichas obras de infraestructura. De hecho, las cuentas fiscales lucen ajustadas
y las vigencias futuras están agotando el margen de maniobra presupuestal al
copar ya unos $63 billones para esa infraestructura 4G (8,8% del PIB en VPN).
Fuente: Artículo del Diario del Huila
